La maraña de intereses contrapuestos

J. Cerero / J. Rodríguez / G. Verdugo | Existe una tendencia, que puede interpretarse como interesada, a presentar el proyecto del dragado del Guadalquivir como algo referido en exclusiva al Puerto y a la ciudad de Sevilla. Lo cierto es que la obra afectaría a un reguero de colectivos esparcidos por una zona geográfica que abarca desde la capital hasta la desembocadura en las dos márgenes.

Esta realidad supone un choque de intereses que provoca una confusión mediática en la que ciertas voces acaban acalladas las más de las veces debido a la inexplicable actitud de algunos medios, que presentan el dilema de una manera sesgada y parcial. Esto es lo que impide a la opinión pública formarse una visión de conjunto que aborde el problema desde todos los enfoques necesarios y facilite la comprensión de su verdadera magnitud.

Resulta complicado penetrar en esa maraña e intentar aportar la luz necesaria para comprender una problemática tan compleja. En primer lugar por la cantidad de colectivos, instituciones y agentes sociales implicados en la decisión sobre la obra y afectados por ésta y por las consecuencias que pueda conllevar. Y en segundo lugar por el silencio sistemático de alguna de las partes fundamentales en este proyecto.

Un remolcador navega por el Guadalquivir camino de la esclusa

Sorprende esta actitud teniendo en cuenta que el dragado está proyectado con dinero público (en un 80% a través de fondos FEDER para el desarrollo), que incide de forma directa —y en bastantes casos negativa— en numerosos colectivos de Sevilla y Cádiz y que tendrá una repercusión irreversible en el ecosistema del Parque Nacional de Doñana, uno de los siete Patrimonios de la Humanidad que se encuentran en Andalucía.

Como ya es costumbre en este país, y así confirman los últimos estudios sociológicos en relación a la calidad de la democracia, el silencio es la forma de respuesta más habitual de los cargos públicos, a pesar de que sus salarios provienen directamente del bolsillo del ciudadano. Resulta aún más insólito que sea la Autoridad Portuaria de Sevilla, promotora del proyecto, quien mantiene un mutismo absoluto, con excepción de la difusión de su postura a través de los conniventes titulares de sus medios afines. Su pretensión de responder a las entrevistas a través del correo electrónico no sólo atenta contra la práctica más elemental del periodismo, sino que contradice la transparencia que debe regir en un organismo público. Una actitud que se extiende también a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Tampoco han considerado oportuno expresar su postura los responsables políticos del Partido Popular de Andalucía, en el ámbito autonómico, y del Ayuntamiento de Sevilla como representante institucional de la ciudad desde la que se promueve un proyecto de tal envergadura, lo cual resulta aún más incomprensible.

El frente por el agua del regadío

La zona del Bajo Guadalquivir, que se extiende a lo largo de los 80 kilómetros del estuario del río, cuenta con 65.000 hectáreas de regadío. De todos los cultivos existentes, el más importante es el del arroz, que ocupa 36.000 hectáreas y supone una facturación bruta de unos 145 millones de euros y unas 432.000 peonadas al año.

Aunque parte de la extensión total recibe agua desde la presa de Peñaflor a través del Canal del Bajo Guadalquivir, los arroceros de la margen derecha (unas 23.000 hectáreas) continúan regando sus cosechas con agua proveniente directamente del río mediante el sistema de bombeo de los años 50, lo que los deja a expensas de la alta salinidad del estuario. Para contrarrestar su efecto, cada temporada se desembalsan en torno a 150 hm3 sólo para mantener el tapón salino; unido al agua utilizada para el regadío, alcanza un consumo anual de alrededor de 450 hm3, más de un tercio de la dotación para toda la cuenca.

Un canal de riego junto a un arrozal en La Puebla del Río, Sevilla.

El tapón salino supone el principal problema para este colectivo. La ejecución del dragado acrecentaría el nivel de sal en el estuario y obligaría a un mayor gasto de agua dulce. Por ello, los agricultores se muestran contrarios al desarrollo del proyecto si antes no se realiza el plan de modernización del regadío del arroz.

Julián Borja, presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla, explica esta reforma, que consiste en “traer gran parte del agua desde la presa de Peñaflor a través del canal del Bajo Guadalquivir”, como sucede con el resto de regantes de la zona. El nuevo sistema la toma en Punta del Verde y la distribuye mediante un sistema de azudes, balsas y un sifón con tres tuberías de 2,5 metros de diámetro ubicado en el fondo del río, o bien mediante arroyos, decisión que depende de los estudios de impacto ambiental.

El presupuesto total asciende a entre 150 y 200 millones de euros y se pretende financiar a través de las ayudas del próximo período de fondos FEDER (2014-2020). Ricardo Serra, presidente de la asociación agraria ASAJA en Sevilla, admite que “parece caro”, pero defiende que “no se beneficiará sólo el arroz sino toda la cuenca, porque tendremos que gastar 100 hectómetros cúbicos menos”. Margarita Bustamante, de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), incide en ello al afirmar que “no se puede dejar una cuenca deficitaria nada más que para bajar un tapón salino”.

La modernización del riego no está exenta de rechazo. Fernando Hiraldo no puede evitar una risa sardónica cuando se le pregunta por la obra. “Hombre, si a eso le llaman solución… Para mí es uno de los disparates que reiteradamente aparecen; es un problema más y más grave”, asegura. Para Lola Yllescas, portavoz de Ecologista en Acción, “todo trasvase está alimentando el riego no sostenible”. En su opinión, el plan de reforma del regadío supone “unos métodos costosos y caros con un desarrollo que habría que revisar y cuestionar”.

Unas barcas pesqueras flotan en el Guadalquivir mientras la barcaza cruza desde la otra orilla hacia el embarcadero de Coria del Río

Tampoco faltan voces que avisen del perjuicio para el río que implica el cultivo del arroz. Enrique López (nombre ficticio) es un pescador sexagenario de La Puebla del Río que lleva toda su vida vinculado a los avatares del Guadalquivir. Sentado en la puerta de un bar frente al espejo de agua donde se mira la localidad, explica que “la gente de Medio Ambiente sabe que el arroz contamina el río en un 80% de su cauce”. Según su relato, “antiguamente se sembraba como una cosa natural, se escardaba, se cortaba, se segaba, y todo eso se hacía a mano, entonces no había líquido”. Pero “como ahora vivimos en una era más moderna, resulta que nos estamos contaminando a nosotros mismos; somos tan malos que nosotros mismos nos estamos envenenando”.

“Que lo que yo digo lo saben ellos también, otra cosa es no querer saber”, concluye López. Julián Borja es consciente de que “los cultivos, como cualquier cosa que haga el ser humano, influyen”, pero “hay que ver los aspectos positivos y negativos de todas las cosas”, no sólo la contaminación del río sino que en los años 40, antes de que las marismas se transformaran en campos de cultivo, “esto era un paraíso para los mosquitos y el paludismo”. Margarita Bustamante es mucho más concisa y rotunda al afirmar que “para los regantes es más acuciante el problema económico que el medioambiental, que tampoco nos gusta que exista pero para mí está en segundo lugar”.

Pescar en un río revuelto

“Hace 40 ó 45 años”, señala López, “eso era agua negra, y a 200 metros le daba a uno la peste”. En aquellos años, “gracias a nosotros, que contaminamos el río, miles de peces que había murieron, fue la destrucción total del Guadalquivir”. Coincide con el diagnóstico que la Comisión Científica hace en su estudio, aunque asegura que “los que estamos criados en el río, sin estudiar, sabemos lo que es; el saber nos lo da la experiencia de los años que llevamos viviendo aquí”.

Las malas condiciones y el impacto de las intervenciones humanas en el Guadalquivir llevan décadas afectando a los pescadores, colectivo cuyo sustento está íntimamente ligado al río y cuya voz aparece en raras ocasiones en el relato del dilema sobre el dragado. Esta mordaza es difícil de comprender, sobre todo al tratarse de uno de los sectores más afectados por la obra.

Unos pescadores limpian albures para venderlos junto al embarcadero de Coria del Río, en Sevilla

En la desembocadura del estuario se enclava el municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda, cuya economía se sustenta en gran parte en la pesca y el turismo de ocio y gastronómico. La flota local la componen 100 barcos que “pueden dar de comer a siete u ocho personas” cada uno, como explica Salvador Vidal, presidente de la Cofradía de Pescadores. En el recuerdo de sus miembros pervive el dragado de la barra de arena efectuado en 1983. Como consecuencia de aquella intervención, relata, “no había langostinos” y por eso “la industria se perdió casi por completo”. Según él, “tocar el río es siempre malo para los pescados” porque “las olas entran para adentro y van matando ovas”.

Ese proceso de colmatación causaría los mismos efectos en las instalaciones de acuicultura que la empresa Veta La Palma mantiene desde 1990 en esta zona de la marisma. Como asegura Miguel Medialdea, su biólogo, “un cauce más profundo significa un mayor impacto, erosión en las orillas, movimiento y resuspensión de sólidos”, algo que provocaría “que las balsas de cultivo se nos colmataran con mayor rapidez”. Aunque para ellos un incremento de la salinidad “no es malo en sí”, el posible “efecto beneficioso se podría ver compensado en gran medida por el efecto negativo del incremento de turbidez del río”. Por eso, Medialdea sostiene que “dragar el río, tal como está redactado el proyecto, para nosotros sería netamente malo”.

Cauce arriba, Coria del Río es, junto con Sanlúcar, el único municipio de la ribera del estuario en el que pervive el oficio de la pesca como sustento, aunque apenas faenan once barcos. Antonio es uno de los pescadores que cada mañana de jueves, junto al embarcadero del pueblo, pone a la venta los albures capturados algunas horas antes a la altura de Trebujena, alrededor de 70 kilómetros al sur. Este viaje supone un gasto importante a causa del consumo de combustible de las embarcaciones. No obstante, afirma que, “aunque no es para tirar cohetes, el sueldo se gana siempre que se venda”.

Una caja con albures recién pescados y preparados para la venta junto al embarcadero de Coria del Río, en Sevilla.

Aun así, los pescadores corianos prefieren no tener que bajar tanto por el río para faenar, y por eso son favorables al dragado. Como dice Antonio, “al entrar el agua salada más arriba, mejor para nosotros”, porque así “no se van los pescados muy lejos”. No obstante, reconocen que “sabemos que se va a hacer, pero no cuál es el proyecto”.

Más arriba, al otro lado de la última presa antes de llegar a la desembocadura, Alcalá del Río también alberga actividad pesquera. Antonio explica que “de allí no se mueven”, pero que “en el tiempo de las aguas, cuando se abren las compuertas del embalse, no pueden pescar”, por lo que acuden hasta Coria “y nos los piden a nosotros”.

De hecho, el pescador coriano remarca la abundancia de peces —albures, barbos, panarras— frente al episodio de contaminación de hace 40 años del que también habla Enrique López, que cuenta que “en Coria sigue la tradición”, pero en La Puebla “se perdió”. En aquel tiempo “había mucha gente que dependía del río, cuando se pescaban los albures, la saboga, el sábalo, el mochuelo, la ramplea, montones de pescados que ya no hay”.

Después de “aquella peste, aquella contaminación tan grande que hubo, se ha recuperado el albur, el bargo, la anguila, la carpa, pero la saboga, el mochuelo, el sábalo, la ramplea, el esturión… ésos no volvieron a entrar”. Por eso ahora “hay un montón de pueblos en la ribera y ninguno pesca”.

Unos jinetes pasean por la playa de Bajo Guía, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz

Lola Rodríguez, secretaria general de CCOO en Cádiz, también alerta de que en la zona de Sanlúcar “hay especies autóctonas, que se crían allí, y correrían serio peligro en el momento en que se tocaran los cienos”. Entiende que el de los pescadores “es el colectivo que se vería más afectado” por el dragado del Guadalquivir, en especial en la desembocadura, porque “se pretende cambiar incluso algunos de los cauces que de forma natural se han ido creando”. Esta apreciación la comparte Juan Manuel García, de Izquierda Unida de Sevilla, que incide en “los efectos negativos sobre la pesca”, puesto que “ya algunos dragados parciales han hecho disminuir la captura de langostinos en Sanlúcar”.

Una respuesta inesperada y contradictoria es la de José Manuel Guerrero, secretario de Acción Sindical de UGT en Andalucía, que contraviene estas opiniones al afirmar que “el dragado es una buena obra para los pescadores, si se hacen las cosas bien, claro”. Sobre todo cuando Salvador Mera, secretario general de este sindicato en Cádiz, pone de manifiesto su posición contraria porque “no beneficia a nadie de la zona”. Según él, los pescadores de Sanlúcar “están en la labor de que les compensarán las pérdidas durante el tiempo que duren las obras del dragado y la repercusión que eso pueda tener, y eso, que yo sepa, en los estudios no está decidido”. Algo realmente inaudito siendo ambos militantes de la misma organización.